Noticias País, Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha encendido nuevamente el debate migratorio en EE. UU. al ordenar este domingo la intensificación de operativos en ciudades con alta concentración de inmigrantes indocumentados, apuntando de forma directa a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, tres bastiones demócratas que han rechazado públicamente sus políticas migratorias en el pasado.

Desde su plataforma Truth Social, Trump reiteró su intención de lanzar “el mayor programa de deportación masiva de la historia”, en lo que representa un nuevo capítulo en su ofensiva política contra la inmigración irregular, considerada por él como una “prioridad nacional” en su segundo mandato.

“Debemos ampliar los esfuerzos para detener y deportar a extranjeros ilegales en las mayores ciudades de Estados Unidos”, afirmó, respaldando su postura con cifras no verificadas sobre la presencia de inmigrantes sin papeles en el país.

El anuncio se enmarca en una estrategia más amplia del exmandatario para reforzar su base conservadora de cara a las elecciones, retomando el mismo discurso de 2016 cuando calificó la migración irregular como una “invasión” cargada de criminalidad.

Este tipo de retórica ha sido cuestionada por sectores académicos, organizaciones de derechos humanos y autoridades locales, quienes denuncian que estas medidas generan miedo, división social y perjudican a comunidades trabajadoras.

Las ciudades señaladas por Trump han sido, en su mayoría, jurisdicciones santuario, lo que significa que limitan su cooperación con autoridades federales migratorias.

Esta postura ha creado tensiones entre los gobiernos locales y federales, especialmente cuando se han llevado a cabo redadas y detenciones que, según defensores migratorios, afectan indiscriminadamente a familias, jóvenes y trabajadores sin antecedentes penales.

Aunque la Casa Blanca no ha emitido detalles específicos sobre el alcance o fechas de implementación de estos operativos, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional consultados por medios estadounidenses han confirmado que se trata de una directiva activa, con el objetivo de elevar significativamente el número de detenciones en zonas urbanas clave.

A partir de esta directriz, comunidades de inmigrantes en las ciudades mencionadas podrían enfrentar un aumento en los controles, operativos sorpresa y detenciones, lo que obliga a múltiples organizaciones a activar redes de apoyo legal y comunitario.

La reacción inmediata de autoridades locales no se hizo esperar. Alcaldes y líderes de Nueva York, Los Ángeles y Chicago expresaron su rechazo a lo que consideran una política motivada por intereses electorales, asegurando que mantendrán sus recursos disponibles para la protección de los derechos civiles de todos sus residentes, sin importar su estatus migratorio.